LIMA | Frecuentemente se afirma, en concordancia con la Ley General de Educación, que la institución educativa debe ser la instancia protagónica de la gestión descentralizada, en el entendido de que en su ámbito es donde se producen los procesos educativos y pedagógicos. Naturalmente sin dejar de reconocer el rol que juegan las personas y las organizaciones desde la sociedad educadora.

En el Proyecto Educativo Nacional se plantea la necesidad de desarrollar las capacidades de las instituciones para asumir responsabilidades de gestión de mayor grado y orientadas a conseguir más y mejores resultados.

Sin embargo, en los concursos de nombramiento e incorporación a la Carrera Pública Magisterial se observa debilidades en la evaluación de los docentes. Así, por ejemplo, para algunos directores y comités de evaluación -según expresiones de varios postulantes- aún priman las preferencias personales para calificar de manera positiva o negativa, según sea el caso, el desempeño profesional y la capacidad didáctica.

Por eso, es indispensable fomentar que la comisión de evaluación en cada centro desarrolle con criterio técnico y transparente su tarea, teniendo en cuenta que su misión es seleccionar a los mejores maestros para que los niños, las niñas y los adolescentes sean mejores estudiantes.

Igualmente, es necesario continuar promoviendo el funcionamiento efectivo y permanente del Consejo Educativo Institucional (CONEI) como órgano de participación, concertación y vigilancia de la gestión en cada plantel.

Y, algo muy importante, propiciar un ambiente institucional que se caracterice por el desarrollo de la innovación, el cumplimiento de las normas, el trabajo en equipo y la práctica de valores. Indudablemente, como aconseja la UNESCO, para contribuir a mejorar la calidad educativa.

Para todo ello se requieren directores que sean líderes con solvencia académica, pedagógica y moral; docentes que desplieguen al máximo sus competencias profesionales; y padres de familia que participen en la vida institucional para coadyuvar juntos al logro de los objetivos previstos en su proyecto educativo.

Por lo tanto, corresponde a los actores del Estado y la sociedad que sigamos trabajando, con convicción y motivación, para tener instituciones educativas eficientes, inclusivas, participativas, autónomas y éticas.