LIMA | Este diario hizo muy bien en aclarar, desde el primer día en el que se hicieron públicas las limitaciones de la congresista Supa con el castellano, que no se trataba de ningún caso de discriminación social o étnica. Probablemente yo hubiera agregado el término “lingüística” o acaso sólo “cultural”; porque, efectivamente, es cierto que el escaso dominio de una lengua no materna no es sinónimo de incapacidad.

La pregunta de fondo debería ser si esa “limitación” lingüística de la señora Supa le impide desempeñar una labor de calidad en el Legislativo. Probablemente su presencia en el Congreso tenga relevancia en tanto expresión de un sector de la población, pero hasta donde se conoce, es muy pobre lo que puede exhibir como resultado de su trabajo parlamentario de dos años y medio.

Si uno dejara de pensar sólo en lo políticamente correcto (que, por ejemplo, parte por asumir a la población indígena como una suerte de área natural protegida) y hace suya la percepción de que la calidad promedio de la representación política va de mal en peor, es absolutamente consistente asumir que la señora Supa no forma parte del grupo minoritario de congresistas que destacan por un trabajo aceptable, y también es consistente (lo cual podría ser un error mas no un prejuicio cultural) asumir que sus dificultades de comunicación sean una limitante adicional para dicho propósito.

Lo inaceptable es que siendo éste el tema de fondo, haya quienes pretendan desacreditar a Correo por insistir en esta vieja batalla de exigirle un mínimo de responsabilidad a la clase política en reformarse. Empezando por crear un filtro mínimo de condiciones para acceder al cargo de congresista, que no es barato, en este mar de insatisfacciones básicas que se llama Perú.

Que los maniqueos cierren el tema hablando de racismo. Pero quienes queremos que nuestra democracia alguna vez deje de ser de papel tenemos todo el derecho de exigir que la reforma del sistema político se haga ya. Más ahora que nuevamente se vuelve a frustrar (por decisión de estos congresistas) la posibilidad de hacer cambios constitucionales que abonen en la mejora de la calidad de la representación política, como por ejemplo, consagrar el voto voluntario.