LIMA | La alerta la dio hace poco el teniente coronel del Ejército (EP) Benjamín Fuentes Salazar, mediante el oficio 005/S-1/BIS 69, del 20 de enero de este año. Un día antes, "El 19 de enero se detectó a 04 elementos extraños por las instalaciones del PV (puesto de vigilancia) Silva, quienes sustrajeron granadas de mano y munición Fal", dice textualmente el oficio, el mismo que no precisa cantidades.

El puesto de vigilancia "Soldado Silva", supuestamente asaltado, pertenece al Batallón de Infantería Selva BIS- N°69, también conocido como base Chávez Valdivia, que forma parte de la VI Región Militar y está ubicado en el distrito de El Cenepa (Amazonas). Quien redactó el documento es el máximo jefe del citado batallón.

Durante una "asamblea extraordinaria" con los nativos del Organismo de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa (ODECOFROC), el mismo comandante EP Fuentes señaló que las sospechas recaían en las comunidades campesinas de Tugkejip, Ashuim, Kanam y Shamatak, y pidió a los apus que les recomienden a sus seguidores devolver el material robado lo más pronto posible sin temor a represalias. Así consta en el acta del 26 de enero último de ODECOFROC.

Acaso confirmando lo ocurrido, en aquella cita los nativos se contradijeron. Primero se disculparon con el militar "para que no se informe a la superioridad" y luego negaron que se haya producido tal robo de municiones.

Como se sabe, el presidente de ODECOFROC, Zebelio Kayap, se opone radicalmente a la presencia de la mina Afrodita en El Cenepa y ha anunciado que su organización -que pertenece a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)- participará en la marcha indígena prevista para el próximo lunes 22 de febrero.

Se informó a los apus. El documento que alerta sobre la supuesta pérdida de municiones no sólo fue dirigido a ODECOFROC. También llegó a los apus awajún y wampis de ODECUAC, ODECINAC, ACHUIM y Antiguo KANAM. Aunque en varios párrafos se advierte un carácter preventivo del texto -pues informa sobre las penas de hasta 35 años de cárcel por ingresar a instalaciones militares y sustraer armas de guerra- también se asegura allí que "estas granadas son inestables por los años de antigüedad que tienen y pueden ocasionar accidentes como mutilaciones de brazos, piernas, ceguera o hasta la muerte".

Compleja realidad. Si bien, por razones de seguridad no se puede precisar cuántos batallones, bases, PO (puestos de observación), PV (puestos de vigilancia) del Ejército, etc., existen en la VI Región Militar, con sede en Amazonas, se sabe que cada "PV" cuenta con un suboficial y 20 soldados de tropa. Lo delicado es que aproximadamente el 80% de esa tropa (los soldados que brindan su servicio militar en los cuarteles de la jurisdicción) son naturales de los departamentos de Amazonas y Cajamarca, quienes tienen familiares en las comunidades indígenas.

Cabe recordar que después del "Baguazo" el Ejército recuperó 19 fusiles AKM, una escopeta retrocarga, un lanzagranadas, 52 cacerinas para fusil AKM, 1,252 cartuchos calibre 5.52 mm, 12 cartuchos 7.62 mm y un revólver calibre 38, pero nunca se supo con exactitud la cantidad de armas que quedaron en manos de los manifestantes nativos. Esta vez, comunicar oficialmente a los apus sobre el robo de granadas y municiones por parte de indígenas, ¿será una medida disuasiva o se trata de una importante pérdida?

Un dirigente radical En enero del 2009, el líder de ODECOFROC, Zebelio Kayap, y otros nativos secuestraron a siete trabajadores de la minera Afrodita S.A.C. Los retuvieron por una semana y en las fotos del suceso se ve constantemente a Marcos Huaco, de la ONG Racimos de Ungurawi, siempre presente en la revuelta.

La versión de la mina es que sus empleados repartían invitaciones para una reunión en la que pretendían explicar los alcances del proyecto exploratorio en El Cenepa. Sin embargo, Kayap exigió dos puntos para liberar a los secuestrados: que la empresa pida disculpas por haber transitado por territorio indígena sin pedir permiso y que llegue hasta la zona una comitiva encabezada por el entonces premier Yehude Simon.

Los agraviados fueron Alfonso Vigil Meseth, Jorge Enrique Campos Zuñiga, Marco Antonio Arteaga Córdova, David Edgar Salazar Zea, Manuel Bislau Huamán, Comisario Jamash Nayash y Leonardo Toledo Anduash. El expediente,2009-0034-010104JX01P, se ventila en el Juzgado Mixto de Condorcanqui, pero hasta ahora no habrían citado a Kayap.

Este mismo dirigente es quien, un mes antes del paro amazónico -que terminó con la trágica muerte de 24 policías y 9 indígenas en Bagua-, invitó a una comitiva de legisladores nacionalistas para que informen sobre los decretos legislativos que supuestamente afectaban a la Amazonía. Como publicó Correo, aquella vez Yaneth Cajahuanca azuzó a los indígenas con mensajes distorsionados con respecto a esas normas. Por ejemplo, les dijo que el Decreto Legislativo 1015 hacía posible que con el 25% más uno de votos los agricultores pudieran vender las tierras de toda la comunidad, cuando en realidad esa norma indicaba que por mayoría simple (es decir, el 50% más uno) las comunidades podrían vender o concesionar temporalmente las tierras, entre otras cosas.